Esta historia comenzó el 30 de agosto de 1990 cuando se llevó a cabo en Buenos Aires el simposio “La reforma estructural del BCRA”, bajo los auspicios y organización de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA). En ese evento, Roque Fernández, director del Banco Central, afirmó que la institución bancaria había perdido entre 1980 y 1990, 67.000 millones de dólares, de los cuales el 20 % había sido transferido al Tesoro Nacional, y el resto utilizado en financiar al sector privado, cambiario y de comercio exterior, significando en 1990 una cifra equivalente al Producto Bruto Interno de un año. Señaló que esa situación pudo aparentemente haber tenido origen en meros actos administrativos y en hechos sin el debido control ulterior de legitimidad, lo que según él era motivo para efectuar una investigación sobre lo que había ocurrido, dada la magnitud de las sumas involucradas.

A tal efecto el presidente Menem emitió el Decreto 1901, el 19 de septiembre de 1990, creando una Comisión Investigadora que estuvo integrada por el subsecretario de Justicia, César Arias; el procurador general de la Nación, Oscar E. Roger, y el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Ricardo Molinas. En conocimiento de la referida investigación, el Juzgado Federal N° 2 libró un oficio el 8 de mayo de 2002 a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación a los efectos de que le enviaran los resultados de la investigación y todo lo relacionado con ella, respondiéndose el mismo día que no obraba ningún antecedente relacionado con la investigación. El 15 de mayo del mismo año el subsecretario de Asuntos Legales de la Presidencia de la Nación, Raúl Álvarez Echagüe, envió una nota al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a los efectos de requerir copia de la investigación. En razón de ello desde el Ministerio enviaron una nota al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a los efectos de que vieran la posibilidad de que existieran en ese organismo antecedentes del funcionamiento de la Comisión Investigadora, ya que ellos no habían localizado ninguna documentación al respecto. El 21 de mayo, el director interino del Despacho del Ministerio de Educación, Emiliano Tagle, respondió que no tenían ningún antecedente; es decir que ninguno de esos organismos del Estado que habían intervenido en la investigación tenía un solo papel de lo actuado. 

El 30 de mayo, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas envió copia del informe de la Comisión Investigadora al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien lo envió al Juzgado Federal el mismo día, informe que nunca fue divulgado, siendo prácticamente desconocido, pero que pone en evidencia los comportamientos no solo de las autoridades de la institución bancaria, sino del sector privado, que fue el beneficiario de toda esa operatoria. Al respecto los investigadores indicaron: “Lamentablemente el BCRA no ha remitido la información solicitada formal y reiteradamente sobre los temas, ni tampoco lo han hecho las actuales intervenciones del Banco Hipotecario Nacional y del Banade”.

El informe de la Comisión no fue exhaustivo, dado que no se contó con la totalidad de la información debido a las dificultades en la recopilación de los datos que tienen habitualmente las entidades públicas, y supongo que en muchos casos, o no se encontraba la documentación, o era sistemáticamente ocultada. Además, fue un informe parcial debido a que los investigadores recomendaron la profundización de “los casos del Banco Hipotecario Nacional y Banco Nacional de Desarrollo, así como incorporar el detalle de algunos casos concretos en los que se hayan manifestado explícitamente los beneficios generados por la aplicación de la mencionada política económica y/o de entidades financieras y comerciales que han incurrido en maniobras ilícitas para generar sus excesivos enriquecimientos”.

Los mecanismos que fueron utilizados para concretar la pérdida de los dineros públicos fueron la cuenta de regulación monetaria, la regulación del mercado cambiario, el 100 % de la garantía de los depósitos, la autorización para el sobredimensionamiento de entidades y la creación de nuevas, la falta de control sobre los niveles de endeudamiento de las entidades y el otorgamiento de cuantiosos avales a exportadores a través de regímenes especiales.

Estas son algunas de las conclusiones a las que arribó la Comisión Investigadora:

1. En los años considerados (1980-1990) se mantuvieron altas tasas de inflación, se incentivó la cultura de la especulación y la corrupción, que no solo destruyó la moral del hombre sino también la estructura productiva del país.

2. Se cargaron los costos de estas políticas a la gran mayoría de los argentinos a través de la inflación, la concomitante redistribución regresiva de los ingresos y la desocupación.

3. Se vieron beneficiados pequeños grupos que se apropiaron de gran parte del déficit fiscal y de las ganancias extraordinarias (lícitas, ilícitas o inmorales) que generaron las transacciones financieras.

4. La cuantificación de esta enorme pérdida que sufrió la Nación, y que en gran parte figura en la contabilidad del Estado Nacional, es muy difícil de mensurar.

5. Existieron debilidades técnicas en los sistemas de registración contable del Banco Central. El Colegio Profesional de Ciencias Económicas expresa terminantemente que los balances del BCRA carecen de validez técnica desde el punto de vista de la medición de patrimonio y resultados.

6. Se destaca la imposibilidad de homogeneizar las cifras en valores monetarios, debido a abruptas variaciones de precios y tasa de cambio durante diez años.

7. Existieron dificultades para disponer de la información necesaria en el tiempo estipulado para emitir el informe, por la falta de respuesta de las entidades a las que se les requirió información.

8. Las pérdidas sufridas por el Banco Central llegaron a 105.000 millones de dólares entre 1980 y 1990.

9. Lo ocurrido en el Banco Central significó un fuerte empobrecimiento de la mayoría de nuestro pueblo y de nuestro Estado, beneficiando a pequeños sectores privilegiados que usufructuaban lícita e ilícitamente de la especulación permitida por la tolerancia del sistema.

10. Se generó ahorro por la suma de 100.000 millones de dólares que no fueron invertidos en la Argentina.

11. Ni los fondos sustraídos de las entidades financieras liquidadas, ni las operaciones corruptas de contratistas del Estado figuran en ningún balance ni documentación utilizada para el cómputo del ingreso nacional.

12. Es probable que las sumas sustraídas del patrimonio nacional tengan similitud con las que existen depositadas o convertidas en activos en el exterior, en cajas de seguridad.

13. El déficit fiscal del período de 70.000 millones de dólares fue financiado con parte de la deuda externa, la deuda interna y la emisión monetaria que efectuó el BCRA.

14. Se observa una distorsión política de subsidios canalizada hacia la actividad financiera y determinadas actividades industriales amparadas en regímenes de promoción industrial y agropecuaria.

15. La aplicación de políticas económicas perversas, instrumentadas por medio de procedimientos apoyados en preceptos jurídicos dictados a esos mismos efectos, “legitimizaron” (sic) la corrupta transferencia de recursos a la llamada “patria contratista”, ya sea con los sobreprecios pagados a los proveedores y contratistas, por vía de regímenes inadecuados de promoción industrial y de pago de avales otorgados a empresas privadas.

16. El BCRA transfirió recursos al sector privado, subsidiando al sistema financiero público y privado, lo cual permitió generar negocios espectaculares para el sector privado.

17. Hubo falta de control a las entidades financieras y el 100 % de la garantía a los depósitos existentes en las mismas, lo que provocó una desenfrenada especulación.

18. La legislación que permitiera los negocios especulativos fue dictada y ejecutada por determinados grupos de poder que se beneficiaron con ella.

Además de estas conclusiones que hemos resumido y que son desarrolladas en el informe, se consigna que las pérdidas debidas a la cuenta de regulación monetaria llegaron a los 33.678 millones de dólares.

Entre las pérdidas del Banco Central también se cuentan las sumas que debieron pagarse por garantía de los depósitos, y por deudas que entidades liquidadas quedaron adeudando a la institución. En cuanto a la significación de las deudas con la institución, se cuentan:

Banco de los Andes S.A.

Banco de Intercambio Regional S.A.

Banco del Oeste S.A.

Banco Oddone S.A.

Banco Sidesa S.A.

Permanente Compañía Financiera S.A.

Banco de Crédito Rural S.A.

Banco Agrario Comercial e Industrial S.A.

Nuevo Banco Santurce S.A.

Banco Hispano Corfin S.A.

Banco de Italia y Río de la Plata S.A.

Cooperativa Sáenz Peña de Crédito

La Agrícola Compañía Financiera S.A

Banco del Acuerdo S.A.

Río Paraná Compañía Financiera S.A.

Respecto a las deudas contraídas, al 31 de diciembre de 1989 existían 59.540 deudores, de los cuales 33.513 eran personales y 26.027 eran empresarias. 

Con respecto a la liquidación de entidades financieras, los investigadores refirieron:

1. Abuso deliberado de la prefinanciación de exportaciones, sin la concreción de la exportación.

2. Creación de carpetas fantasmas de empresas inexistentes o insolventes. Autopréstamos a través de empresas vinculadas.

3. Mesas de dinero en las que se desviaban fondos de la entidad (captación marginal de fondos).

4. Falsificación de solicitudes de créditos y de los saldos de cuenta corriente.

Como lo indican en el informe: “Resulta evidente advertir que se cometieron toda clase de ilícitos al amparo de una débil legislación, donde los lentos procedimientos judiciales no han producido la determinación de las responsabilidades penales y su correspondiente punición”.

En el informe se hace constar que se le entregaron al Banco Hipotecario Nacional 4286 millones de dólares entre los años 1985-1989, no se tienen los datos sobre los montos entregados entre los años 1980-1984, habiéndose decidido cancelar todas las deudas que esa institución tenía con el Banco Central al 30 de junio de 1989, a través del Decreto 1319/90. Los investigadores no pudieron verificar la documentación debido a que el Banco Hipotecario no contestó los informes solicitados. También se menciona el financiamiento al gobierno nacional por sumas estimadas en los 70.000 millones de dólares, y créditos otorgados a distintos países por alrededor de 3000 millones de dólares, con una pérdida para el país debido a la insolvencia de los países prestatarios de 2200 millones de dólares.

Lo extraño de esta decisión del gobierno de Menem es que la Comisión Investigadora se puso en funcionamiento poco tiempo antes de firmar el Plan Brady, lo que daría lugar a un nuevo proceso de notable endeudamiento. La investigación fue silenciada y desapareció de todos los archivos públicos donde debería haberse encontrado, y una parte de la misma pudo ser conocida por la justicia debido a que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas envió los papeles que se encontraban en su archivo. Ese silenciamiento fue la manera de que no quedara nada de lo investigado, y como tantas otras investigaciones que se hicieron, no tuviera ninguna consecuencia.