Lunes, 6 de Noviembre de 2023

El ministro de Economía y candidato a Presidente Sergio Massa anunció que el FMI investigará el destino de los fondos entregados en 2018 a la Argentina
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Ayer el Ministro de Economía Sergio Massa, informó que el FMI enviaría una comisión a los efectos de investigar cual fue el destino de los fondos enviados al país como consecuencia del Stand By firmado durante el gobierno de Macri en el año 2018, lo que es una buena noticia, ya que significa que la propia institución multilateral tratará de indagar finalmente lo ocurrido con los desembolsos entre el año 2018 y 2019.

Llama la atención que el FMI, se decida a hacerlo recién ahora, cuando desde siempre han tenido a su alcance todos los elementos suficientes para determinar que se hizo con el dinero prestado a la Argentina. Decimos esto, porque de acuerdo a los compromisos firmados en ese año 2018, el Fondo era informado diariamente sobre los movimientos de fondos y seguramente sabía si los capitales que prestaba se iban del país y quienes eran los participantes de la salida.

Cabe recordar que de acuerdo con el artículo V Convenio Constitutivo del FMI, si la institución considera que los recursos que presta se están utilizando indebidamente, y en forma contraria a sus fines deberá pedir explicaciones al gobierno, y si advierte que se están utilizando esos recursos para hacer frente a una salida de capitales, podrá pedir que se adopten pedidas para terminar con la situación, y si el gobierno no lo hacer, suspender los desembolsos e inhabilitar al país para seguir recibiendo los recursos del Fondo.

En el año 2020 el Banco Central de la República Argentina (BCRA), informó que entre los años 2016 y 2019, se habían fugado 86.000 millones de dólares, no informando quienes eran las personas o sociedades que intervinieran en esa operatoria. En algunos medios salió un listado parcial y resultaba importante saber con exactitud que había ocurrido. Debido a ello  y ante el conocimiento de que la jueza María Eugenia Capuchetti  a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 que intervenía en una causa penal donde se investigaba  el Stand By del 2018, junto con Alicia Castro, Amado Boudou y Gabriel Mariotto, presentamos una denuncia penal a los efectos de que se levantara el secreto fiscal. De tal manera se podía individualizar si los que fugaron dinero y saber si habían cumplido con sus obligaciones fiscales. Después de muchos meses el Fiscal Franco Picardi, pidió el levantamiento del secreto fiscal, pero por lo que se sabe hasta ahora, la juez no ordenó ninguna medida en tal sentido. 

Si bien tiene importancia la investigación que pueda llevar adelante el FMI, el BCRA. es el que debería llevar adelante una auditoría debido a que fue el recipiendario de los fondos, y el que entregó las divisas a quienes las solicitaron, y no haber permanecido indiferente, ante hechos de extrema gravedad que han sido oportunamente denunciados, limitándose a un superficial informe producido hace tres años, donde no aparece ningún nombre de los autores de la llamada fuga.

El FMI tenía personal destacado en la institución monetaria y no resulta convincente que no supiera el destino de los fondos que remitiera, ya que ante el primer desembolso de 15.000 millones de dólares, salieron del país un poco más de una cifra equivalente a esa suma.

Es de fundamental importancia saber no solo el destino de los fondos entregados, sino la responsabilidad del FMI al no haber cumplido con lo establecido en su Convenio Constitutivo, y dejar librado al BCRA a manejar tales fondos con total discrecionalidad. Ese incumplimiento de sus propias normas, significan la realización de actos ilícitos, según el Proyecto de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas y obliga a la entidad internacional a hacerse cargo de su responsabilidad y reparar los daños causados. En el presente caso, el daño es más que evidente, ya que el dinero entregado se utilizó supuestamente por parte de un grupo de especuladores, dejando al pueblo argentino una enorme deuda imposible de pagar y que ha debido ser refinanciada a diez años, aunque tampoco existen certezas, de acuerdo a las disponibilidades que existen de que se pueda pagar en los años pactados, lo que va a obligar al gobierno que ejerza el poder a volver a refinanciar los obligaciones sometiéndose nuevamente a las habituales exigencias del Fondo, para acceder a postergar los pagos.

Aun cuando es una buena noticia la intención del FMI de realizar una investigación, es difícil ser optimistas, porque ellos nunca se hacen responsables, de los daños que ocasionan en las políticas que aplican. Además como están a cubierto de cualquier acción legal de acuerdo a las inmunidades que tienen, saben que no existen posibilidades de ser objeto de una condena específica que los obligue a reparar lo causado por sus incumplimientos.

La única alternativa, es pedirle a la Corte Internacional de Justicia, una vez demostrado que se violó el Convenio Constitutivo del Fondo, que de una Opinión Consultiva sobre las infracciones cometidas, para obligar al organismo a hacerse cargo de su responsabilidad en tales acciones, permitiendo que el gobierno nacional pueda volver a negociar en otras condiciones.