Por Tomás Delgado*

Si miramos con detenimiento la historia argentina reciente, desde la convertibilidad monetaria dólar-peso de los noventas en adelante, veremos que existen pocas políticas de Estado con continuidad más allá de la sucesión democrática de los gobiernos. Sin embargo, existe una tendencia constante desde la transición del gobierno del año 1999 en adelante: el aumento de la inflación entre el inicio de una administración gubernamental y su final. En la última década esa tendencia se ha consolidado con una pendiente de duplicación.

Así, si en 1999 teníamos una inflación de -1,2% (deflación, insustentable socialmente), en 2003 ya estábamos en el 3,7%. Se podría suponer que, luego de pasar por el casi 40% del 2002 (tras salir de la convertibilidad) no era un mal ritmo de evolución de los precios si se tiene en cuenta el proceso de crecimiento del PBI que se había iniciado. Sin embargo, ya en 2007 se puede ver un IPC que cerraba en el 8,5% según el INDEC, y en 14,8% según las consultoras; es decir, por encima del doble en relación al inicio, como mínimo. Para el 2011, con el INDEC intervenido hacía 4 años, la inflación medida por los organismos provinciales y las consultoras del mercado  señalaba un 18%. En el 2015, el Frente para la Victoria le entregaba el gobierno a Cambiemos con un 27% de inflación, es decir un aumento del 50% contrastando con el inicio del mandato. Ya a partir de ahí entramos en un escenario de mayor incremento nominal, pero que reitera la tendencia. Mauricio Macri dejó el poder arañando el 54% en el IPC, al tiempo que el gobierno de Alberto Fernández cerró su penúltimo año en un 94%.

¿Y ahora qué? Para intentar cortar con esta dinámica que se acerca peligrosamente a la espiralización va a ser necesario generar un consenso sobre la importancia de detener esta carrera al infinito entre los precios. Dicho proceso requiere un diagnóstico completo acerca del problema. Podríamos comenzar por enumerar el conjunto de los factores que dieron lugar al escenario actual:

    Falta de dólares;

    Exceso de pesos;

    Puja distributiva;

    Inercia e Indexación, la doble “I”;

    Distorsión de precios relativos;

    Inflación internacional;

    Inestabilidad financiera alimentada por incertidumbre política.

El primero de los componentes tiene un carácter histórico y ha sido estudiado en diferentes etapas. Consiste en que la capacidad de generar divisas de nuestra economía no alcanza para financiar la cantidad de importaciones que crecen de la mano de la actividad y la generación de ingresos en los hogares. A eso se le suma un exceso de pesos, el cual encuentra su razón de ser en la pérdida de funciones de nuestra moneda, la cual dejó de ser una reserva de valor para los ahorros. Esto fue alimentado por los diferentes episodios devaluatorios que generaron las administraciones gubernamentales, por un lado, y por la tendencia de los últimos tiempos a remunerar los ahorros por debajo de la inflación. Así, la gente ha migrando a la demanda de dólares o a la adquisición de bienes como mecanismo de protección. Pocos dólares y muchos pesos, componentes productivos y monetarios que se expresan en la inestabilidad de los precios.

Dentro del contexto material y monetario descrito se inscriben los demás colaboradores del aumento de precios. Así se entiende el impacto de una puja distributiva por el excedente que genera la economía al crecer, a pesar de sus distorsiones macroeconómicas. De la misma manera se inserta la inercia inflacionaria, expresada en la indexación de los aumentos. Esto último refiere a la remarcación naturalizada de los precios, basada en la expectativa de que los demás actores de la economía siguen ese comportamiento, hecho por el cual todos terminamos colaborando al aumento generalizado de los precios y dándole validez a la afirmación de las “profecías auto-cumplidas”. La distorsión de los precios relativos se vuelve un ingrediente por el hecho de transformarse en una corrección necesaria que, inicialmente, evita la baja de la inflación. Entre estos valores a modificar se encuentran las tarifas energéticas, las prepagas de salud, los boletos de transporte público y el tipo de cambio real.

Finalmente, nos encontramos con el rol de las dos fuentes finales. Estas son difíciles de predecir y se comportan de manera azarosa. La inflación internacional que provocan sucesos como la pandemia (por un shock de escasez de oferta y abundancia de emisión de monedas) o la guerra actual en Europa (destruyendo cadenas de suministro energético y alimenticio) se montan sobre el alto piso inflacionario del que parte la Argentina. Poco recomendables son los cambios de gabinete económico que ocurren de un día para el otro tras largos episodios de internas gubernamentales a cielo abierto. Tampoco es aconsejable que la principal fuerza de la oposición siembre dudas, en un año electoral, sobre la viabilidad para renovar la curva de vencimientos de los bonos en pesos que usa el Estado para financiarse.

Dentro de ese panorama de múltiples causas, que explican el actual proceso inflacionario argentino, es que se necesitan diversas soluciones articuladas en un programa integral. Esa propuesta debe atacar el problema de la generación de más exportaciones, la reconstrucción del ahorro en moneda local, cierta previsibilidad acerca de la impresión de moneda, pautas para la distribución (funcional y por hogares) del excedente económico futuro, un cuadro de precios relativos razonable y mecanismos claros para autorizar la toma de deuda en moneda extranjera. Todo ese paquete de normas reclama, a su vez, dos cosas: consenso político y algo de suerte en el contexto internacional.

*Licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Diplomado en Finanzas para el Desarrollo (UNQ) y Maestrando en Sociología Económica (UNSAM). Se desempeña como investigador en el INTA y docente universitario