En muchas expresiones públicas y notas en diversos medios cuestioné ese crédito y la renegociación del mismo hecha en el 2022, pero en ningún momento puse en duda que había sido suscripto de conformidad con las normas legales que permiten este tipo de instrumentos, y eso determinó algunas polémicas con letrados, que iniciaran acciones de amparo, pidiendo los antecedentes administrativos de lo que se firmara.

La Auditoría General de la Nación, con la excepción de los auditores Pichetto, Nieva y Rodríguez, ha considerado que al suscribirse el Stand By en el año 2018 se violaron los procedimientos administrativos, no se cumplió con el art. 61 de la Ley 24.156, fue firmado por el Ministro de Hacienda sin competencia para hacerlo y no hubo intervención del Congreso, volviendo a repetir los viejos argumentos del Informe de la Sindicatura General de la Nación que diera lugar a la denuncia de la Oficina Anticorrupción y la posterior querella deducida por el Procurador del Tesoro, Dr. Zannini por instrucciones del Presidente de la Nación.

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