Foto: MundoDiario

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es un organismo de financiamiento internacional creado en el año 1959 y que, en sus objetivos exhibe que su función es trabajar para mejorar la calidad de vida en la población de América Latina y el Caribe. Esta tarea la realiza otorgando créditos flexibles a los países miembros prestatarios (entre los que se encuentra la República Argentina). De esta forma, el BID financia -en buenas condiciones crediticias- proyectos destinados a mejorar el desarrollo económico, social e institucional de países (principalmente en vías de desarrollo).

El Banco cuenta con 26 países prestatarios, que en conjunto poseen el 50,02% del poder de voto en el directorio, y además se conforma por 22 países no prestatarios. Estos últimos son donantes, pero no pueden ser sujetos de créditos, aunque sí se ven beneficiados de las políticas de adquisiciones del Banco (es decir, los bienes y servicios que producen dichos países están en la lista de procedencia legible y por lo tanto pueden ser adquiridos en el marco de los proyectos).

Sin embargo, esta semana circuló la noticia de que el actual presidente, Mauricio Claver-Carone, deliberadamente expresó su resistencia a remitir los desembolsos previamente pautados con la República Argentina. Estos fondos eran destinados para el pago de ejecuciones de diversos proyectos que se vienen desarrollando y otros que se deben comenzar a ejecutar en el país (de infraestructura principalmente). Actualmente, la suma de los desembolsos retenidos, corresponden a 500 millones de dólares estadounidenses y esa suma era lo programado para el primer semestre del año 2022. Siendo, por tanto, este uno de los temas de agenda que quedará pendiente en la suspendida reunión entre el presidente Alberto Fernandez con Joe Biden (quien se encuentra con COVID). 

En este sentido, debemos realizarnos algunas preguntas al respecto:

¿Es ético que un representante de un organismo internacional, que busca el desarrollo de países que son vulnerables, determine que no remitirá fondos justamente cuando este país está atravesando una crisis económica y es donde más necesita este tipo de ayuda?

Además, si bien, Claver-Carona declara que Argentina es un país insustentable: por los mismos fundamentos de creación del organismo ¿no debería en este momento brindar una mayor ayuda? Y si no es así, ¿porque el Banco establece cupos o ayudas especiales para los países más pobres de la región por la propia vulnerabilidad, pero determina que en la vulnerabilidad argentina no es aplicable? 

Si analizamos la situación, hasta se puede argumentar que las explicaciones son más de índole política y personales de quien dirige la institución desde octubre del año 2020. Un dato no menor, es que en dicha oportunidad también estaba en carrera por ese mismo lugar, el argentino Gustavo Beliz, quien se retiró dado que no contaba con los votos suficientes para acceder a la presidencia y en ese momento el abogado estadounidense con raíces centroamericanas se convirtió en el elegido.

Además, actualmente, Beliz es el Secretario de Asuntos Estratégicos de la Argentina. Dicha secretaría se encarga de la definición de prioridades vinculadas a los proyectos que serán financiados por organismos internacionales de crédito, como BID, BM, CAF y créditos bilaterales. Por lo tanto, a nivel local, en esta repartición se produce el “primer filtro” donde los proyectos de inversión son evaluados a través de la definición de objetivos, análisis económicos, sociales, ambientales, legales, entre otros. Estos proyectos al ser priorizados pasan a ser evaluados, por los organismos financiadores. En el caso del BID, se realizan reuniones de directorio donde los proyectos se analizan y deben ser aprobados. Una determinada su viabilidad se firma un contrato de préstamo que tiene carácter de tratado internacional.

También en la noticia se deja traslucir, las preferencias políticas del presidente en la región, siendo uno de los que promulgó el acuerdo con el FMI y que en esa oportunidad no contaba con una asignación específica, como es en este caso.

Entonces aquí nos preguntamos, ¿es posible que se viole un contrato internacional firmado sólo en forma verbal? ¿No deberían existir procedimientos instrumentados para determinar una decisión de este tipo? ¿Será esto una simple demostración de poder? Peor aún, ¿existe una acción deliberada para que Argentina encuentre una estrangulación mayor al acceso al financiamiento? Si cualquiera de estas respuesta fuera sí, nos resta preguntar ¿es esta una actitud ética y que pueda ser tomada por una persona que ejerza tan honorable cargo?

Laura Bevilacqua

En una columna publicada en The Wall Street Journal, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Mauricio Claver Carone, indicó que la Argentina no puede acceder a nuevos financiamientos debido a "falta de transparencia e integridad financieras”. Consideró que no puede "dar el visto bueno" a nuevos fondos para la Argentina, que aguardaba el desembolso de unos US$ 500 millones para obras de infraestructura, ya comprometidos. Se justificó diciendo que "Corresponde a las instituciones multilaterales adoptar las normas más estrictas de integridad y transparencia financiera y ayudar a sus países miembros a hacerlo también, y como si tuviera algo que ver con las evaluaciones económicas y financieras de la institución que preside, se refirió al avión “iraní” detenido en Buenos Aires.  

Estamos acostumbrados a la insolencia de ciertos funcionarios extranjeros, que siempre descalifican a la Argentina, sobre la base de sus problemas económicos y políticos, como si ellos representaran a países donde todo funciona de manera ejemplar.  Es importante consignar que Claver Carone, fue Asistente Adjunto del presidente de los Estados Unidos y director Senior de Asuntos del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, En esa calidad, fue el asesor principal del Presidente de los Estados Unidos en los temas relacionados con Canadá, América Latina y el Caribe, y también dirigió el primer Marco Estratégico del Hemisferio Occidental liderado por la Casa Blanca para la orientación y la formulación de políticas interinstitucionales de los Estados Unidos desde 2004. Previo a ello fue director ejecutivo de los Estados Unidos ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde representó a su país como el mayor accionista en el directorio ejecutivo. En esa calidad, trabajó con el Departamento del Tesoro, la Junta de la Reserva Federal y agencias de los Estados Unidos teniendo un importante papel en los acuerdos de financiamiento para Argentina, Barbados y Ecuador y líneas de crédito renovables para Colombia y México. Son bien conocidas sus declaraciones de cuál fue la intención del gobierno de Trump al impulsar el Stand By otorgado a la Argentina en el año 2018, a sabiendas que era un préstamo imposible de pagar, ya que todos los informes que tenía el FMI en ese momento, como así documentos originados en el propio gobierno argentino lo demostraban de manera inequívoca. 

¿Cómo es posible considerar con algo de seriedad al presidente del BID, cuando niega la posibilidad de un préstamo por 500 millones de dólares ya acordado, cuando en el 2018 no tardó en aconsejar el otorgamiento del mayor crédito de la historia del FMI por 57.500 millones de dólares? ¿Y cuál su credibilidad al frente del organismo al hacer referencias improcedentes a vuelos comerciales de empresas de países con las que la Argentina tiene relaciones habituales, como si ello fuera un condicionante de la capacidad económica del país? Claver Carone sabe perfectamente que más allá de moras o defaults circunstanciales la Argentina siempre ha terminado por reconocer sus deudas y pagarlas.

Seguramente en sus funciones como presidente del BID, conoce algunos antecedentes del organismo que muestran las importantes pérdidas que le ocasionaron inversiones especulativas que determinaron que su capital operativo disminuyera considerablemente. En el año 2008 las pérdidas fueron del orden de los 1.900 millones de dólares, lo que llevó al Senador Richard Lugar, del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos a pedir explicaciones al presidente del BID, Luis A. Moreno, quien reconoció la existencia de operaciones de riesgo. Tales quebrantos determinaron que con fecha 22 de marzo de 2010 la Asamblea de Gobernadores aprobara la Declaración de Cancún, que llevó a elaborar un documento técnico fechado el 24 de junio de 2010, donde se resolvió elevar el capital del Banco en la suma de U$D 70.000.000.000) más la suma de U$D 479.000.000) para el Fondo de Operaciones Especiales. Debido a las decisiones adoptadas, el 31 de agosto de 2011, la entonces presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner presentó un proyecto de ley al Congreso que fue aprobado, a los efectos de aportar la suma de USD 7.525.760.227 como parte de la cuota argentina para capitalizar al organismo, además de USD 26.779.415 para el Fondo de Operaciones Especiales. 

Las sumas comprometidas se pagaron en cinco cuotas conforme lo acordado, cumpliendo así la Argentina con sus compromisos como miembro de la institución, debiendo además recordar que nuestro país, junto con Brasil entre los países prestatarios son los que tienen mayor cantidad de votos en la institución 1.609.577 cada uno, y son los que más aportarán cuando los descalabros económicos del BID en los años 2008/9. En ese momento la Argentina no hizo referencia alguna a las operaciones de riesgo y se limitó a cumplir con sus obligaciones como miembro del organismo.

No está de más señalar que el BID, no tiene precisamente antecedentes impecables en muchas de las operaciones celebradas con la Argentina, una de las cuales fue su participación en el Plan Financiero 1992, que determinó la venta de las empresas públicas, la privatización del sistema jubilatorio, la modificación de la legislación laboral, y ajustes varios que sería largo detallar. Además, Claver Carone sabe de sobra que el Stand By otorgado a la Argentina en el 2018, no fue producto de decisiones fundadas en análisis económicos que podían contribuir a evitar problemas que se avizoraba desde hacía meses, sino que tuvo como único objetivo alinear al gobierno de Macri de conformidad con los intereses de los Estados Unidos que él representaba. La poca razonabilidad del año 2018 para favorecer a un gobierno que estaba empobreciéndonos, es la misma de hoy para adoptar decisiones arbitrarias fundadas en su discrecionalidad, respaldándose en el poder del gobierno que representa que también influencia  de manera decisiva en las resoluciones del organismo multilateral.

Alejandro Olmos Gaona