Imagen de la nota de FISyP(18/04/22)

El Stand By, celebrado por el gobierno de Macri, como el reciente acordado por el ministro Guzmán es una decisión del Poder Ejecutivo y del Banco Central que tienen facultades para hacerlo, conforme lo establece la ley 24.156, y la ley 24.144, y no existe posibilidad alguna que sea declarado nulo como parece que pretenden los autores citados. Tales acciones además de ser   materia exclusiva del Poder Judicial de la Nación, deben resultar viables a la luz de las normas legales que rigen tales instrumentos crediticios. Además de ello, a diferencia de los anteriores acuerdos con el FMI, este ha sido legalizado por una Ley de la Nación votada mayoritariamente por la casi totalidad de los bloques, lo que determina que no pueda ser impugnado, ni aún declarado inconstitucional, ya que se cumplieron todas las formalidades legales. Pero además Gambina, Katz y Lucita deberían saber que aún en la remota hipótesis de un cuestionamiento por vía judicial, ello tampoco sería posible, ya que el FMI tiene inmunidades totales en cuanto a cualquier acción litigiosa y no puede ser demandado en ningún tribunal, ni aún en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, tal como consta en el art. IX de su Convenio Constitutivo, inmunidades que fueron ratificadas por la Convención  de Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados firmada en Nueva York el 21 de noviembre de 1947.
Creo que en medio del riguroso análisis que hacen de la difícil situación económica que se está viviendo, resulta imprudente hablar ligeramente de cosas que no han sido debidamente analizadas, y hacer afirmaciones que no resisten el menor análisis como aquella que el Stand By no fue aprobado por el FMI, sino que obedeció a una llamada del presidente de EE.UU. Donald Trump. En rigor y tal como surge de los documentos, el directorio en pleno de la institución aprobó el acuerdo, y si bien EE. UU tiene una influencia relevante en estas operaciones, la mayoría de los países estuvieron conformes con hacer lugar al requerimiento de la Argentina. También se equivocan al consignar que la suma otorgada importa el 61% de las acreencias del FMI, cuando no es cierto, sino que la cifra correcta es el 27.7, y olvidan que la capacidad prestable del FMI en el año 2021 era de 943.000 millones de dólares, siendo ligeramente inferior en el 2018, por lo cual la suma otorgada a la Argentina representaba menos del 5 % de la misma.
En medio de las disquisiciones sobre la posible nulidad del acuerdo, como única alternativa, no mencionan cual sería el camino para hacerlo y descreen que el Congreso de la Nación pudiera tomar una determinación semejante, llegando a la conclusión que tal nulidad solo podrá lograrse en la calle mediante la movilización popular y al respecto hablan de una resistencia masiva y de la lucha que por mi parte no la veo, más allá  de concentraciones de desocupados, trabajadores precarizados, y personas que son parte de los movimientos sociales. Esas movilizaciones siendo exagerado no llegan a 200 o 300.000 personas, lo que representa menos del 1% del pueblo argentino, por lo cual es una demasía suponer que las mismas podrán influir de alguna manera en el actual gobierno que no tiene la menor intención de declarar nulidad alguna. Porque además le resultaría imposible hacerlo. Hay un viejo principio de derecho que indica que nadie puede alegar su propia torpeza, y en el acuerdo actual ha existido una clara concertación de complicidades entre el Poder Ejecutivo, el Banco Central de la República Argentina, y la mayor parte de la dirigencia política con representación parlamentaria que legitimaron el acuerdo y el sometimiento de la Argentina a una nueva tutoría del FMI.
Hace años que vengo insistiendo que no puede haber cambios sustanciales, si continúa una estructura legal originada durante la dictadura y ratificada por ambas Cámaras del Congreso en el 2014, además de leyes del menemismo y otras que permiten que cualquier jefe de Estado endeude de manera inconsulta a la Nación, no se hagan cargo de las responsabilidades emergentes, hipotequen a varias generaciones de argentinos, y trasladen lo negociado a futuras administraciones que deberán hacerse cargo de lo que ellos no acordaron. Además de esa estructura el poder financiero ha diseñado un sistema perfecto del que son parte los bancos, los fondos de inversión e instituciones como el FMI, para evitar ser enjuiciados en cualquier parte ante las tropelías que cometen y los daños que sufre un pueblo al que se ha endeudado, sin que se beneficie en lo más mínimo de la hipoteca que deberá afrontar durante años.
En la reunión del G20 en el año 2009, la  ex presidenta Cristina Kirchner firmó un documento en el que se establecía: “Apoyaremos, ahora y en el futuro, la supervisión sincera, equilibrada e independiente por parte del FMI de nuestras economías y nuestros sistemas financieros, de las repercusiones de nuestras políticas para los demás y de los riesgos a los que se enfrenta la economía global (…) Los nuevos mercados y los países en vías de desarrollo, que han sido el motor del reciente crecimiento mundial, afrontan también ahora retos que se suman a la actual recesión de la economía mundial. Para la confianza mundial y la recuperación económica es imperativo que sigan recibiendo capital. Esto exigirá un reforzamiento considerable de las instituciones financieras internacionales, en especial el FMI. Por lo tanto, hoy hemos acordado aportar 850.000 millones de dólares de recursos adicionales a las instituciones financieras mundiales para respaldar el crecimiento en los nuevos mercados y en los países en vías de desarrollo, mediante la financiación del gasto contracíclico, la recapitalización bancaria, infraestructuras, la financiación del comercio, el apoyo a la balanza de pagos, la refinanciación de deudas, y el apoyo social. Con este fin: - Hemos aceptado aumentar los recursos de los que dispone el FMI mediante la aportación inmediata por parte de los miembros de 250.000 millones, posteriormente incorporados a unos Nuevos Acuerdos de Préstamo ampliados y más flexibles, incrementados en unos 500.000 millones de dólares, y considerar la solicitud de préstamos en el mercado”. Ese documento sirvió para fortalecer al FMI, y de allí que haya continuado con sus políticas, que conocemos suficientemente desde aquel primer Stand By de 1958 durante la presidencia del Dr. Frondizi.
Sino vamos a las causas es muy difícil, resolver las consecuencias de años de políticas fallidas y de acuerdos internacionales, que han tenido el sometimiento y la claudicación de la soberanía como aspectos básicos de cualquier gestión de gobierno, y entre esas causas existen normas legales del orden público del país que deben cambiarse, y normas del derecho internacional que la Argentina se ha comprometido a respetar, y no puede violar unilateralmente, por lo cual  -insisto- resulta extremadamente erróneo hablar de nulidades que serían imposibles de efectivizar.

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